Legislación

La situación de los residuos sólidos urbanos en Argentina presenta un panorama desalentador. Miles de basurales a cielo abierto, generación de residuos creciente, estrategias muy acotadas de reciclaje y peor aún de compostaje, escasas políticas de inclusión de recuperadores urbanos. En las grandes ciudades los rellenos sanitarios están colapsados, lo que ha generado en los últimos años diversos proyectos de incineración, que mayormente no han avanzado. Es una deuda pendiente en materia de legislación nacional contar con leyes basadas en el principio de Responsabilidad Extendida del Productor (REP). Esto permitiría abordar integralmente el problema que representan los envases, los residuos electrónicos, entre otros tipos de residuos. Una ley REP no debe ser solamente una ley que apunte al reciclaje, sino que además debe generar estrategias eficaces de reducción.

En cuanto a los residuos peligrosos, la legislación ha propiciado la concentración del tratamiento en un pequeño grupo de empresas ubicadas mayoritariamente en unas pocas provincias. La incineración y la co-incineración en cementeras se encuentran entre los principales destinos de los residuos peligrosos en el país. Bajo esta lógica, en un extremo las empresas generadoras buscan desvanecer su responsabilidad sobre estos residuos. En el otro, algunas comunidades locales se ven severamente impactadas.

Respecto a los residuos hospitalarios, la situación en el país es muy dispar. Existen por un lado una cantidad importante de hospitales y centros de salud con una buena gestión de sus residuos. También en varias ciudades se ha prohibido la incineración y desarrollado otras alternativas de manejo. Pero sigue existiendo principalmente en pequeñas ciudades situaciones de gran irregularidad en la gestión y destino de los desechos, sin prácticas adecuadas de separación, prevención y tratamiento. La incineración sigue siendo una práctica común en muchas localidades del país, pequeñas y grandes.

Una problemática que atraviesa toda esta situación es la dificultad de participación de las comunidades y las organizaciones de la sociedad civil. A pesar de haber legislación que prevé mecanismos de acceso a la información e instancias de participación esto no siempre se cumple. Las definiciones de las políticas de manejo de residuos en los distintos niveles deberían nutrirse de espacios de participación de la sociedad civil.

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