Hace unas semanas se dio a conocer en el dictamen de mayoría de la Cámara de Diputados que los plásticos podían dar origen también a los biocombustibles, para lo cual se modificó el artículo 4º de la Ley N.º 27640 Marco regulatorio de Biocombustibles. Aunque la Ley Ómnibus que contenía esa modificación se cayó, es posible que el Poder Ejecutivo Nacional vuelva a colocar ese cambio en un proyecto específico de ley. Ante tal posibilidad, la Coalición Ciudadana Antiincineración reitera que se opone al uso de los plásticos no solo como materia prima para producir aceites en la industria de los biocombustibles, sino también a su uso como fuente de energía, cualquiera sea el método empleado.
La Coalición Ciudadana Antiincineración informa que obtener combustible a partir de los plásticos es una práctica altamente contaminante. Consiste en someter polímeros duros como polipropileno (PP) y blandos como el polietileno (PE), por ejemplo, al proceso llamado pirólisis. Este es un tratamiento térmico en ausencia de oxígeno. Se obtienen así aceites de hidrocarburos, emparentados con el diesel.
La pirolisis de plásticos hechos a partir de hidrocarburos –también llamada reciclaje qímico- produce impactos altamente negativos para el ambiente, siendo dañina y muy riesgosa para la salud humana. Es usual que se emitan sustancias cancerígenas, neurotóxicas y alteradoras del sistema hormonal en personas expuestas. Entre esas sustancias se encuentran las dioxinas (una de las cuales, la TCDD es un cancerígeno del grupo 1), furanos, bifenilos policlorados (PCBs) y metales. La pirólisis es una activa generadora de gases de efecto invernadero, en especial dióxido de carbono.
Todas las formas de tratamiento térmico conocidas como incineración propiamente dicha, pirólisis, gasificación y plasma utilizadas para “reducir” el volumen de la basura son de alto riesgo para el ambiente y la salud. Es así, que en los lugares de Argentina donde hay hornos pirolíticos, utilizados para “destrucción” de residuos peligrosos, queda ejemplificado el impacto negativo de esta tecnología en las comunidades aledañas.
Argentina en general y las provincias en particular, como tutoras de los bienes comunes, tienen sus legislaciones sobre calidad del aire, del agua y del suelo, y sobre emisiones, muy desactualizadas. Aún así, los límites sobre dioxinas, furanos y metales pesados establecidos en la ley nacional de Residuos Peligrosos 24051 y sus reglamentos son permanentemente violados en un irresponsable contexto oficial de ausencia de controles. Es usual que el Estado no disponga ni de tecnología ni de profesionales especializados, y que las mediciones de muestras tomadas por las propias industrias sean encargadas a laboratorios privados, muchos de ellos ubicados fuera del país. Los tiempos que demandan estos procesos de mediciones externas agregan un factor más de incertidumbre. Las industrias presentan sus resultados como declaraciones juradas, o los guardan sin presentarlos. Lamentablemente, el Estado no puede verificar la autenticidad de esos resultados con muestreos y análisis propios. A su vez, la provincia de Santa Fe es la única donde se prohíbe la incineración, en cualquiera de sus formas, de los residuos sólidos urbanos para recuperar energía, porque en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se modificó en 2018 la ley que lo prohibía.
La incineración de residuos en general y de plásticos en particular, y la pirólisis, se muestran ante el público como parte de la llamada economía circular, un concepto popularizado por la industria, que trata perversamente de emparentarse con los sistemas naturales, algo totalmente alejado de la realidad.
Recientes investigaciones dan cuenta de la presencia de cientos de sustancias tóxicas en los plásticos, algunos de los cuales son contaminantes orgánicos persistentes regulados por el Convenio de Estocolmo. Tales sustancias son adicionadas intencionalmente con el objetivo de conferir propiedades funcionales específicas a los diferentes tipos plásticos. Estas sustancias indefectiblemente terminan siendo liberadas al ambiente cualquiera sea el método que se utilice para disponer los residuos plásticos o se incorporan a los productos (p.e.: juguetes, elementos de cocina) que se fabriquen con el material reciclado.
Estas tecnologías apoyan y sostienen el sistema de consumo caracterizado por usar y tirar, que con los plásticos tienen su mejor ejemplo en los identificados como “de un solo uso”. Sumado a esto más del 90% de los plásticos se fabrican a partir del gas y del petróleo, por lo tanto, es inaceptable afirmar que los plásticos son renovables. La principal respuesta a la contaminación por plásticos comienza en la reducción de su producción.
Por todo lo anterior, la Coalición Ciudadana Antiincineración reafirma su total rechazo al uso de los plásticos como fuente de energía. Ante la actual coyuntura política reafirma su oposición a toda modificación o derogación de normas ambientales vigentes que signifiquen un retroceso, pues de acuerdo a los principios establecidos en el Acuerdo de Escazú –del cual Argentina es signataria- solo es aceptable la adopción de mayores exigencias, nunca menores. Requerimos asimismo a la Justicia que se expida sobre las múltiples medidas cautelares presentadas, y que ante la gravedad de los hechos registrados actúe de oficio. La grave situación ambiental y sanitaria de Argentina torna inaceptable medidas y criterios regresivos, la desjerarquización de las áreas de ambiente y salud, y el desfinanciamiento de los organismos y programas que mejoraban la situación ambiental y sanitaria. Finalmente, la Coalición Ciudadana Antiincineración apoya las acciones administrativas y judiciales que han encarado sus organizaciones integrantes para evitar que lo poco que se ha avanzado en materia de ambiente y salud en el país, no sufra retrocesos.