El nuevo decreto de Argentina sobre residuos es ilegal y debe ser derogado
Organizaciones sociales y ambientales revelan violación al Convenio de Basilea
El 26 de agosto, el presidente de Argentina Mauricio Macri firmó el decreto Nº 591/2019, reclasificando lo que se considera como residuos y como mercancías en el contexto del comercio internacional (movimiento transfronterizo). De acuerdo con organizaciones internacionales y agrupaciones ambientalistas y sociales de Argentina, el nuevo decreto es ilegal bajo el derecho internacional y supone un riesgo para el ambiente, la salud y las fuentes de trabajo asociadas al reciclaje. Las organizaciones exigieron hoy la derogación inmediata del decreto.
La Red de Acción en Basilea (BAN, Basel Action Network) y la Alianza Global por Alternativas a la Incineración (GAIA) se suman a la Coalición Ciudadana Anti-Incineración, Greenpeace Argentina y a la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR) en expresar su sorpresa y alarma sobre el decreto que va en contra de la obligación legal de Argentina de sostener las definiciones de residuos establecidas por el Convenio de Basilea sobre Movimientos Transfronterizos de Residuos Peligrosos y su Eliminación (Convenio de Basilea), el convenio internacional que regula los movimientos internacionales de residuos.
El Convenio de Basilea define a los residuos de manera tal que incluye a aquellos materiales que son destinados a procesos de “recuperación”, que incluyen el reciclaje pero también a la incineración con recuperación de energía (Anexo IVB del Convenio de Basilea). Esto es así porque estas tecnologías pueden contaminar, y por ende el Convenio de Basilea requiere que se controlen como residuos. El decreto 591 limita la definición de residuos drásticamente, permitiendo que muchos residuos que sean destinados a reciclaje o incineración escapen los controles. El Convenio de Basilea no permite que los países que son parte limiten el alcance del convenio por cambios en su regulación nacional u otros medios.
“Argentina ya adoptó la definición internacional de residuos cuando ratificó el Convenio de Basilea”, dijo Jim Puckett, fundador y director de la Red de Acción en Basilea, una organización que monitorea ese movimiento internacional de residuos. “A menos que quiera irse del Convenio, este decreto, tal como está, viola la ley internacional.”
«Este decreto que transforma a la Argentina en un basurero mundial se da en un contexto internacional muy sugestivo. Cuando países como China, Malasia e Indonesia cierran sus fronteras a los residuos plásticos, y Estados Unidos necesita nuevos lugares para descartar su basura, el presidente Mauricio Macri aprueba el Decreto 591 que le permite recibirlos», indicó Raúl Montenegro de FUNAM y la Coalición Ciudadana Anti-Incineración de Argentina.
“Este decreto podría significar una política de puertas abiertas a la importación de residuos a la Argentina, y a la contaminación que esto trae asociado. Nuestro seguimiento del tema muestra que el comercio internacional de residuos magnifica las inequidades globales y genera impactos nocivos a las poblaciones de los países importadores, especialmente cuando se trata de residuos plásticos y electrónicos. En muchas ocasiones, los residuos importados terminan siendo usados como combustibles en hornos cementeros o incineradores, emitiendo dioxinas, furanos y emisiones de gases de efecto invernadero,” dijo Cecilia Allen, de GAIA.
“Si el decreto se mantiene, también pone en riesgo la fuente de trabajo de 150.000 recicladores que trabajan en todo el país y son la principal fuente de insumos para la industria de reciclaje en Argentina. Si la importación alienta la incineración, es difícil imaginar cómo sobrevivirá la industria de reciclaje. Sumado a eso, la mayoría de materiales reciclables generados localmente son reciclados por compañeros que trabajan en basurales y rellenos o siguen desperdiciándose por falta de apoyo gubernamental al reciclaje. En lugar de importar basura deberíamos reciclar los materiales que generamos aquí”, dijo Jacquelina Flores, Secretaria de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores.
Abogados, recicladores y militantes ambientales presentaron un recurso para derogar el decreto en vista que viola el artículo 41 de la Constitución argentina, que garantiza la protección ambiental y prohíbe la importación de residuos tóxicos. A la acción de los grupos ambientalistas se suma la movilización de los recicladores informales, que marcharon por la ciudad de Buenos Aires hace unas semanas.
Para más información:
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Coalición Anti-Incineración de Argentina – Raúl Montenegro biologomontenegro@gmail.com +54 9 351 5125637 – 03543 422236 / Cecilia Bianco ceciiasandrabianco@gmail.com +54 9 341-6626962 / Jorge Rabey jhrabey2@yahoo.com.ar +54 9 342 5198864
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Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR): Carolina Palacio cpalaciobdc@gmail.com +54 911 5026 9019
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Greenpeace Argentina: Leonel Mingo leonel.mingo@greenpeace.org +54 911 2264 7380
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Red de Acción en Basilea, Jim Puckett, Director ejecutivo, jpuckett@ban.org, +1.206.652.5555
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Alianza Global por Alternativas a la Incineración, Cecilia Allen, cecilia@no-burn.org +54 911 44403523